CLARA SUÁREZ
21 junio 2023
4 min. lectura
Artículos
¿Cómo podemos identificar la contribución de las empresas a la lucha contra el cambio climático? ¿Cuáles son los criterios que fijamos para considerar un negocio como sostenible? Estas son algunas de las preguntas a las que la Unión Europea pretende dar respuesta mediante el Reglamento de Taxonomía Ambiental.
Para ello, la Taxonomía actúa como una hoja de ruta común para empresas e inversores en el mercado europeo que define qué actividades contribuyen sustancialmente en la lucha contra el cambio climático, la resiliencia de la economía europea y la protección del entorno y los recursos naturales, a través de criterios basados en la ciencia.
Pero ¿en qué consiste exactamente esta normativa? Desde RADAR CANVAS, repasamos algunas claves para entender el Reglamento de Taxonomía, su alcance y los principales desafíos que presentará para las empresas en los próximos años.
En esencia, la Taxonomía actúa como un diccionario de actividades sostenibles. Esta definición refleja el objetivo último de la normativa: unificar los criterios utilizados para definir qué entendemos por sostenibilidad.
Para ello, la Comisión Europea identifica seis objetivos, que representan los principales ámbitos de acción en la lucha contra el cambio climático y la conservación de los ecosistemas naturales:
Hasta ahora, solo han sido publicados dos de los seis objetivos: mitigación y adaptación al cambio climático, aunque la aprobación de los restantes está prevista para finales de 2023.
Para cada uno de estos objetivos, el Reglamento identifica las actividades económicas susceptibles de ser consideradas sostenibles.
No obstante, no es suficiente con desarrollar alguna de ellas para contribuir a los objetivos climáticos de la UE. Para cada actividad, la Taxonomía identifica una serie de criterios técnicos que se han de cumplir para considerar que un negocio impacta de forma significativa en la consecución de cada objetivo. Estos criterios garantizan que el impacto que se genera es realmente positivo y que no perjudica al resto de metas climáticas fijadas.
Finalmente, el Reglamento también obliga a las compañías a mantener unas salvaguardas mínimas en materia social, asegurando que no se vulneran los derechos humanos fundamentales.
Uno de los objetivos clave de la Taxonomía es aumentar la transparencia en los mercados, proporcionando información sobre el comportamiento sostenible de los activos y de las actividades económicas de las grandes entidades financieras y no financieras.
Para asegurar este fin, la normativa contempla diversas obligaciones de reporte, dirigidas a las entidades financieras y a las grandes empresas.
Como entidades financieras, se incluyen principalmente las entidades de crédito o las aseguradoras. Estas compañías están obligadas desde 2022 a divulgar a qué objetivos medioambientales contribuyen sus inversiones, la proporción de inversiones alineadas con el Reglamento y la metodología seguida para determinar ambos indicadores.
La normativa también incluye a las grandes empresas, entendidas como todas aquellas ya obligadas a presentar una declaración no financiera (EINF, Informe de Sostenibilidad, o similar). Es decir, aquellas compañías obligadas, hasta ahora por la Ley 11/2018, a reportar información sobre su desempeño en sostenibilidad.
No obstante, la aprobación en el último año de la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), amplía el número de empresas sujetas a reporte obligatorio. Por ello, aunque aún estamos pendientes de su transposición final en España, la CSRD amplía el alcance de la Taxonomía a un gran número de empresas no financieras.
En consecuencia, estas compañías se verán obligadas a reportar tres indicadores de rendimiento, en función del porcentaje alineado con la Taxonomía, a partir de 2024 (cuyo reporte se elaborará a lo largo de 2025). Estos indicadores son:
Cada indicador debe divulgarse desglosado por actividad económica, así como el total consolidado a nivel de empresa o grupo, además de identificar a qué objetivo medioambiental contribuye de forma significativa.
Además, las entidades deberán identificar la proporción de actividades no elegibles (aquellas que no están recogidas en el Reglamento de Taxonomía), así como la proporción de actividades en su modelo de negocio que no cumplen con alguno de los criterios de contribución sustancial definidos.
Aunque ambicioso, el Reglamento de Taxonomía sienta las bases para un lenguaje común que impulse la transparencia y la comparabilidad de la información sobre sostenibilidad en los mercados europeos. Su estructura y objetivos buscan responder a las metas fijadas por la Comisión en el Pacto Verde Europeo y, como tal, aborda la sostenibilidad desde el desafío más acuciante que enfrentamos como especie en las próximas décadas: el cambio climático.
Pero a la vez, identifica claramente aquellas actividades y sectores que mayor impacto tienen en la transformación de la economía hacia sistemas más sostenibles y respetuosos con el planeta. De esta forma, puede servir como una guía para inversores y empresas en el camino a seguir en la transición hacia modelos de negocio más circulares y netos en carbono.
En definitiva, la Taxonomía Europea actúa como otro de los mecanismos adoptados por Bruselas para movilizar capital hacia actividades sostenibles. Solo a medida que se normalice su reporte y aplicación, podremos ver cómo de eficaz resultará en su cometido.
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