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16 noviembre 2022
7 min. lectura
Después de un 2021 de transformaciones regulatorias vinculadas a sostenibilidad, 2022 está siendo un año de preparación al marco legal que está por venir, concretamente en lo relativo al reporte de información no financiera. Analizamos las últimas claves y lo que nos deparan los próximos meses.
[Este artículo ha sido actualizado, en línea con los últimos movimientos legislativos, el 16 de noviembre de 2022]
En los últimos meses, todos los que trabajamos en sostenibilidad hemos estado atentos a los cambios regulatorios que han ido surgiendo en la materia. Quedan algo lejos ya los tiempos en que la responsabilidad corporativa y el desarrollo sostenible eran un convencimiento de unos pocos idealistas. La sostenibilidad es hoy uno de los ejes estratégicos de la Unión Europea para liderar la transformación hacia una economía baja en carbono. Esta apuesta ha quedado aún más clara tras la pandemia, con los fondos Next Generation.
El Pacto Verde Europeo, que apuesta por las inversiones sostenibles con el denominado Reglamento de Taxonomía (aprobado a finales de 2021) representa uno de los impulsos más ambiciosos en este sentido.
El Reglamento busca determinar si una actividad económica contribuye de forma sustancial a luchar contra el cambio climático y si causa o no algún tipo de perjuicio medioambiental significativo. Por ahora, se han aprobado los estándares técnicos de regulación (RTS, por sus siglas en inglés) correspondientes a dos de seis objetivos climáticos: adaptación y mitigación al cambio climático.
En la agenda regulatoria de Europa se encuentra este año la actualización de la anterior Directiva de Información No Financiera (NFDR, por sus siglas en inglés). Con la nueva Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Europa busca implantar una suerte de estándares europeos para la presentación de información vinculada a sostenibilidad.
En su borrador de propuesta, presentado en abril de 2021, resalta los principales cambios y mejoras respecto a la Directiva anterior:
La propuesta fue aprobada por el Parlamento Europeo el 10 de noviembre de 2022 y se prevé que se apruebe el texto final el 28 de noviembre. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Posteriormente se publicará en el Diario Oficial de la UE, entrando en vigor a los veinte días de su publicación. Las normas incluidas serán de obligado cumplimiento para las empresas, en diversas fases según tamaño:
En paralelo, el 15 de noviembre, la EFRAG aprobó el primer conjunto de Estándares de Información de Sostenibilidad europeos (ESRS), con algunos indicadores todavía sujetos a revisión editorial. Se presentarán oficialmente la próxima semana a la Comisión Europea para su aprobación. Estos estándares incluyen requerimientos respecto a las siguientes temáticas:
Nuevos Estándares Universales de GRI
Aun sin ser una regulación, no podemos olvidarnos de la actualización realizada a finales de 2021 a los Estándares de Global Reporting Initiative (GRI), uno de los marcos de reporte de sostenibilidad más utilizados a nivel mundial. Los nuevos Universal Standards deberán aplicarse en las empresas que utilicen el marco de GRI a partir de 2023. En esta actualización los indicadores se han modulado para que las empresas puedan responder de mejor manera a las necesidades emergentes de divulgación regulatoria, como la nueva directiva de sostenibilidad europea.
Entre otros cambios, destaca la actualización de las definiciones de “impacto” y la metodología para determinar la materialidad de los asuntos relevantes, un mayor foco en el reporte de derechos humanos, y la presentación de estándares sectoriales específicos, por ejemplo, el primer Estándar Sectorial enfocado en la industria del petróleo y el gas. Si quieres saber más detalle sobre los nuevos Estándares de GRI, no te pierdas nuestro artículo con consejos para reportar con ellos.
En España, a noviembre de 2022, la normativa vigente en reporte de sostenibilidad que sigue aplicando es la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad. En vigor desde principios de 2019, la normativa transpone en España la Directiva Europea de Información No Financiera y solicita datos y cuestiones concretas vinculadas con el modelo de negocio de la compañía, medioambiente y cambio climático, cuestiones laborales y derechos humanos, aportación a entidades sociales, o cuestiones vinculadas con ética y anticorrupción.
A principios de 2021 la ley española comenzó a aplicar no solo a las empresas de más de 500 empleados, sino también a aquellas con más de 250 empleados a cierre de ejercicio y que sean consideradas de interés público; o bien que, cumpliendo el requisito de total de empleados, el total de las partidas de su activo sea superior a 20 millones de euros, o el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros.
Esta Ley sufrirá modificaciones para su adaptación a la nueva Directiva Europea, una vez que la norma europea se transponga a nuestro ordenamiento jurídico.
En los últimos meses han surgido, y se prevén, otras tantas regulaciones vinculadas indirectamente al reporte, tanto a nivel nacional como comunitario.
No cabe duda de que, en los próximos meses, tendremos que actualizar estas claves porque habrán surgido novedades. Estos rápidos avances son una muestra más de la respuesta a las expectativas ciudadanas.
Una ciudadanía que, como destacamos en nuestro informe sobre el propósito y la reinvención del capitalismo, está cada vez más convencida de que el sistema debe cambiar. Más del 70% de la población española está preocupada por el impacto del sistema en las personas y el planeta. Y considera “total” o “bastante” necesario que las empresas velen por el triple impacto.
¿Nuestro deseo? Que todo avance regulatorio sirva para aumentar la transparencia, la confianza y promover nuevos modelos de empresas que generen valor para las personas y el planeta.
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Construir este resumen no habría sido posible sin la consulta a diversas fuentes de información, que listamos a continuación, por si quieres profundizar más:
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