Avances en el reporte de sostenibilidad en 2023

Después de un 2021 de transformaciones regulatorias vinculadas a sostenibilidad, 2022 está siendo un año de preparación al marco legal que está por venir, concretamente en lo relativo al reporte de información no financiera. Analizamos las últimas claves y lo que nos deparan los próximos meses.

[Este artículo ha sido actualizado, en línea con los últimos movimientos legislativos, el 16 de noviembre de 2022]

En los últimos meses, todos los que trabajamos en sostenibilidad hemos estado atentos a los cambios regulatorios que han ido surgiendo en la materia. Quedan algo lejos ya los tiempos en que la responsabilidad corporativa y el desarrollo sostenible eran un convencimiento de unos pocos idealistas. La sostenibilidad es hoy uno de los ejes estratégicos de la Unión Europea para liderar la transformación hacia una economía baja en carbono. Esta apuesta ha quedado aún más clara tras la pandemia, con los fondos Next Generation.

El reglamento de taxonomía

El Pacto Verde Europeo, que apuesta por las inversiones sostenibles con el denominado Reglamento de Taxonomía (aprobado a finales de 2021) representa uno de los impulsos más ambiciosos en este sentido.

El Reglamento busca determinar si una actividad económica contribuye de forma sustancial a luchar contra el cambio climático y si causa o no algún tipo de perjuicio medioambiental significativo. Por ahora, se han aprobado los estándares técnicos de regulación (RTS, por sus siglas en inglés) correspondientes a dos de seis objetivos climáticos: adaptación y mitigación al cambio climático.

Nueva directiva de reporte de sostenibilidad

En la agenda regulatoria de Europa se encuentra este año la actualización de la anterior Directiva de Información No Financiera (NFDR, por sus siglas en inglés). Con la nueva Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Europa busca implantar una suerte de estándares europeos para la presentación de información vinculada a sostenibilidad.

En su borrador de propuesta, presentado en abril de 2021, resalta los principales cambios y mejoras respecto a la Directiva anterior:

• Modificar el término “información no financiera” por “información sobre sostenibilidad”, entendiendo que ésta tiene “cada vez más relevancia financiera”

• Ampliar la exigencia de presentar información detallada en materia de sostenibilidad a todas las grandes empresas y a todas las empresas que cotizan en mercados regulados, excepto las microempresas

• Incluir explícitamente las cuestiones vinculadas con gobernanza (además de las sociales y las medioambientales) entre los ámbitos sobre los que las empresas deben reportar, haciendo hincapié, por ejemplo, en “el papel del consejo de administración y de la dirección en lo que respecta a las cuestiones de sostenibilidad”

• Poner mayor foco en el reporte de la relación entre el modelo de negocio y la estrategia de la organización con las necesidades de los grupos de interés y con la transición hacia una economía baja en carbono; así como en el ámbito de los derechos humanos y la salud de las personas

• Exigir la perspectiva de la “doble significatividad” o doble materialidad en el reporte de información, obligando a las empresas a “informar tanto sobre la manera en que les afectan diversas cuestiones de sostenibilidad como sobre las repercusiones de sus actividades en las personas y el medio ambiente”

• Garantizar la comparabilidad y pertinencia de la información divulgada, a través del establecimiento de normas comunes obligatorias de presentación de información

• Exigir que la información reportada tenga en cuenta marcos reconocidos internacionalmente, como la Agenda 2030 o las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE

• Requerir que las empresas elaboren sus estados financieros y su informe de gestión en formato digital (XHTML) para facilitar su revisión y comparabilidad

• Crear un punto de acceso único europeo o plataforma de acceso digital a escala de la UE a la información pública financiera y sobre sostenibilidad de las empresas

La propuesta fue aprobada por el Parlamento Europeo el 10 de noviembre de 2022 y se prevé que se apruebe el texto final el 28 de noviembre. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Posteriormente se publicará en el Diario Oficial de la UE, entrando en vigor a los veinte días de su publicación. Las normas incluidas serán de obligado cumplimiento para las empresas, en diversas fases según tamaño:

• A partir de principios de 2024 para grandes empresas de interés público (más de 500 empleados) ya sujetas a la directiva sobre información no financiera, que deberán entregar sus informes en 2025
• A partir de principios de 2025 para grandes compañías no sujetas a la directiva sobre información no financiera (más de 250 empleados y/o una facturación de 40 millones de euros y/o 20 millones en activos totales), que deberán entregar sus informes en 2026
• A partir de principios de 2026 del 1 de enero de 2026 para las pymes cotizadas y otras empresas, que deberán entregar sus informes en 2027.

En paralelo, el 15 de noviembre, la EFRAG aprobó el primer conjunto de Estándares de Información de Sostenibilidad europeos (ESRS), con algunos indicadores todavía sujetos a revisión editorial. Se presentarán oficialmente la próxima semana a la Comisión Europea para su aprobación. Estos estándares incluyen requerimientos respecto a las siguientes temáticas:

• Requerimientos e información generales
• Cambio climático
• Contaminación
• Agua y recursos marinos
• Biodiversidad y ecosistemas
• Uso de recursos y economía circular
• Conducta empresarial
• Trabajadores en la cadena de valor
• Comunidades afectadas
• Consumidores y usuarios

Nuevos Estándares Universales de GRI

Aun sin ser una regulación, no podemos olvidarnos de la actualización realizada a finales de 2021 a los Estándares de Global Reporting Initiative (GRI), uno de los marcos de reporte de sostenibilidad más utilizados a nivel mundial. Los nuevos Universal Standards deberán aplicarse en las empresas que utilicen el marco de GRI a partir de 2023. En esta actualización los indicadores se han modulado para que las empresas puedan responder de mejor manera a las necesidades emergentes de divulgación regulatoria, como la nueva directiva de sostenibilidad europea.

Entre otros cambios, destaca la actualización de las definiciones de “impacto” y la metodología para determinar la materialidad de los asuntos relevantes, un mayor foco en el reporte de derechos humanos, y la presentación de estándares sectoriales específicos, por ejemplo, el primer Estándar Sectorial enfocado en la industria del petróleo y el gas. Si quieres saber más detalle sobre los nuevos Estándares de GRI, no te pierdas nuestro artículo con consejos para reportar con ellos.

Pero… ¿qué nos aplica por ahora en España?

En España, a noviembre de 2022, la normativa vigente en reporte de sostenibilidad que sigue aplicando es la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad. En vigor desde principios de 2019, la normativa transpone en España la Directiva Europea de Información No Financiera y solicita datos y cuestiones concretas vinculadas con el modelo de negocio de la compañía, medioambiente y cambio climático, cuestiones laborales y derechos humanos, aportación a entidades sociales, o cuestiones vinculadas con ética y anticorrupción.

A principios de 2021 la ley española comenzó a aplicar no solo a las empresas de más de 500 empleados, sino también a aquellas con más de 250 empleados a cierre de ejercicio y que sean consideradas de interés público; o bien que, cumpliendo el requisito de total de empleados, el total de las partidas de su activo sea superior a 20 millones de euros, o el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros.

Esta Ley sufrirá modificaciones para su adaptación a la nueva Directiva Europea, una vez que la norma europea se transponga a nuestro ordenamiento jurídico.

Más allá del reporte

En los últimos meses han surgido, y se prevén, otras tantas regulaciones vinculadas indirectamente al reporte, tanto a nivel nacional como comunitario.

• Regulaciones vinculadas a la gobernanza de los derechos humanos y el medioambiente. Tanto desde la UE (diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad) como desde el Gobierno de España, que a través del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 ya ha abierto consulta pública relativa al anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales

• Normativas vinculadas con gobierno corporativo sostenible, para potenciar que las empresas orienten sus estrategias a la creación de valor sostenible a largo plazo

• Creciente regulación medioambiental, entre la que cabe destacar, en España, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la Estrategia Española de Economía Circular

No cabe duda de que, en los próximos meses, tendremos que actualizar estas claves porque habrán surgido novedades. Estos rápidos avances son una muestra más de la respuesta a las expectativas ciudadanas.

Una ciudadanía que, como destacamos en nuestro informe sobre el propósito y la reinvención del capitalismo, está cada vez más convencida de que el sistema debe cambiar. Más del 70% de la población española está preocupada por el impacto del sistema en las personas y el planeta. Y considera “total” o “bastante” necesario que las empresas velen por el triple impacto.

¿Nuestro deseo? Que todo avance regulatorio sirva para aumentar la transparencia, la confianza y promover nuevos modelos de empresas que generen valor para las personas y el planeta.

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Construir este resumen no habría sido posible sin la consulta a diversas fuentes de información, que listamos a continuación, por si quieres profundizar más:

• Corporate sustainability reporting (Comisión Europea)
• Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (Comisión Europea)
• Universal Standards (GRI)
• Sostenibilidad: el tsunami regulatorio que viene (Ethic)
• Ya tenemos la taxonomía financiera … pero vamos con retraso (Dirse)
• ¿Qué es la taxonomía verde europea y por qué es tan importante? Las claves de la propuesta de Bruselas (El País)
• El gas y la energía nuclear entran en la taxonomía: la opinión de las gestoras (FundsPeople)
• El Parlamento Europeo aprueba la propuesta de Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (Garrigues)