Qué esperar del reporte no financiero en 2022

Después de un 2021 de transformaciones regulatorias vinculadas a sostenibilidad, 2022 se perfila como un año de preparación al marco legal que está por venir, concretamente en lo relativo al reporte de información no financiera. Analizamos las últimas claves y lo que nos depara el año.

[Este artículo ha sido actualizado, en línea con los últimos movimientos legislativos, el 18 de marzo de 2022]

En los últimos meses, todos los que trabajamos en sostenibilidad hemos estado atentos a los cambios regulatorios que han ido surgiendo en la materia. Quedan algo lejos ya los tiempos en que la responsabilidad corporativa y el desarrollo sostenible eran un convencimiento de unos pocos idealistas, pues la sostenibilidad es hoy uno de los ejes estratégicos de la Unión Europea para liderar la transformación hacia una economía baja en carbono. Esta apuesta ha quedado aún más clara tras la pandemia, con los fondos Next Generation.

El (polémico) reglamento de taxonomía

El Pacto Verde Europeo, que apuesta por las inversiones sostenibles con el denominado Reglamento de Taxonomía (aprobado a finales de 2021) representa uno de los impulsos más ambiciosos en este sentido.

El Reglamento busca determinar si una actividad económica contribuye de forma sustancial a luchar contra el cambio climático y si causa o no algún tipo de perjuicio medioambiental significativo. El borrador de la norma ha llegado con polémica incluida, al situar a la energía nuclear y al gas al mismo nivel que las renovables. Esta cuestión ha sido rechazada por varios países (entre ellos España) que defienden que estas dos energías no se pueden considerar verdes ni sostenibles, y no deben competir contra las renovables a nivel de inversión.

La propuesta de Bruselas debe, en cualquier caso, ser examinada y debatida por el Parlamento y el Consejo Europeo antes de su entrada en vigor final, prevista para enero de 2023.

Nueva directiva de reporte de sostenibilidad

En la agenda regulatoria de Europa se encuentra este año la actualización de la anterior Directiva de Información No Financiera (NFDR, por sus siglas en inglés). Con la nueva Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Europa busca implantar una suerte de estándares europeos para la presentación de información vinculada a sostenibilidad.

En su borrador de propuesta, presentado en abril de 2021, resalta los principales cambios y mejoras respecto a la Directiva anterior:

• Modificar el término “información no financiera” por “información sobre sostenibilidad”, entendiendo que ésta tiene “cada vez más relevancia financiera”

• Ampliar la exigencia de presentar información detallada en materia de sostenibilidad a todas las grandes empresas y a todas las empresas que cotizan en mercados regulados, excepto las microempresas

• Incluir explícitamente las cuestiones vinculadas con gobernanza (además de las sociales y las medioambientales) entre los ámbitos sobre los que las empresas deben reportar, haciendo hincapié, por ejemplo, en “el papel del consejo de administración y de la dirección en lo que respecta a las cuestiones de sostenibilidad”

• Poner mayor foco en el reporte de la relación entre el modelo de negocio y la estrategia de la organización con las necesidades de los grupos de interés y con la transición hacia una economía baja en carbono; así como en el ámbito de los derechos humanos y la salud de las personas

• Exigir la perspectiva de la “doble significatividad” o doble materialidad en el reporte de información, obligando a las empresas a “informar tanto sobre la manera en que les afectan diversas cuestiones de sostenibilidad como sobre las repercusiones de sus actividades en las personas y el medio ambiente”

• Garantizar la comparabilidad y pertinencia de la información divulgada, a través del establecimiento de normas comunes obligatorias de presentación de información

• Exigir que la información reportada tenga en cuenta marcos reconocidos internacionalmente, como la Agenda 2030 o las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE

• Requerir que las empresas elaboren sus estados financieros y su informe de gestión en formato digital (XHTML) para facilitar su revisión y comparabilidad

• Crear un punto de acceso único europeo o plataforma de acceso digital a escala de la UE a la información pública financiera y sobre sostenibilidad de las empresas

¿Cuáles son los siguientes pasos? En marzo, el Parlamento Europeo votó la propuesta de directiva presentada por la Comisión y aprobó plantearle una serie de modificaciones para mejorarlo. Se indica, por ejemplo, que las empresas deberían disponer de un año más para adaptarse a las nuevas normas, de forma que la primera publicación de los informes conforme a la directiva sea en 2025. Estos acuerdos se propondrán a la Comisión para que adapte el texto legislativo. El enfoque general alcanzado completa la posición negociadora acordada por el Consejo, y otorga a la presidencia del Consejo un mandato para continuar los debates con el Parlamento Europeo, que se espera que comiencen en primavera de 2022.

Nuevos Estándares Universales de GRI

Aun sin ser una regulación, no podemos olvidarnos de la actualización realizada a finales de 2021 a los Estándares de Global Reporting Initiative (GRI), uno de los marcos de reporte de sostenibilidad más utilizados a nivel mundial. Los nuevos Universal Standards deberán aplicarse en las empresas que utilicen el marco de GRI a partir de 2023. En esta actualización los indicadores se han modulado para que las empresas puedan responder de mejor manera a las necesidades emergentes de divulgación regulatoria, como la nueva directiva de sostenibilidad europea.

Entre otros cambios, destaca la actualización de las definiciones de “impacto” y la metodología para determinar la materialidad de los asuntos relevantes, un mayor foco en el reporte de derechos humanos, y la presentación de estándares sectoriales específicos, por ejemplo, el primer Estándar Sectorial enfocado en la industria del petróleo y el gas.

Pero… ¿qué nos aplica por ahora en España?

En España, a febrero de 2022, la normativa vigente en reporte de sostenibilidad que sigue aplicando es la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad. En vigor desde principios de 2019, la normativa transpone en España la Directiva Europea de Información No Financiera y solicita datos y cuestiones concretas vinculadas con el modelo de negocio de la compañía, medioambiente y cambio climático, cuestiones laborales y derechos humanos, aportación a entidades sociales, o cuestiones vinculadas con ética y anticorrupción.

A principios de 2021 la ley española comenzó a aplicar no solo a las empresas de más de 500 empleados, sino también a aquellas con más de 250 empleados a cierre de ejercicio y que sean consideradas de interés público; o bien que, cumpliendo el requisito de total de empleados, el total de las partidas de su activo sea superior a 20 millones de euros, o el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros.

Pero todavía deberemos esperar a las modificaciones que pueda experimentar esta Ley para su adaptación a la nueva Directiva Europea, una vez que se transponga a nuestro ordenamiento jurídico.

Más allá del reporte

En los últimos meses han surgido, y se prevén, otras tantas regulaciones vinculadas indirectamente al reporte, tanto a nivel nacional como comunitario.

• Regulaciones vinculadas a la gobernanza de los derechos humanos y el medioambiente. Tanto desde la UE (diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad) como desde el Gobierno de España, que a través del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 ya ha abierto consulta pública relativa al anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales

• Normativas vinculadas con gobierno corporativo sostenible, para potenciar que las empresas orienten sus estrategias a la creación de valor sostenible a largo plazo

• Creciente regulación medioambiental, entre la que cabe destacar, en España, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la Estrategia Española de Economía Circular

No cabe duda de que, en los próximos meses, tendremos que actualizar estas claves porque habrán surgido novedades. Estos rápidos avances son una muestra más de la respuesta a las expectativas ciudadanas.

Una ciudadanía que, como destacamos en nuestro informe sobre el propósito y la reinvención del capitalismo, está cada vez más convencida de que el sistema debe cambiar. Más del 70% de la población española está preocupada por el impacto del sistema en las personas y el planeta. Y considera “total” o “bastante” necesario que las empresas velen por el triple impacto.

¿Nuestro deseo? Que todo avance regulatorio sirva para aumentar la transparencia, la confianza y promover nuevos modelos de empresas que generen valor para las personas y el planeta.

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Construir este resumen no habría sido posible sin la consulta a diversas fuentes de información, que listamos a continuación, por si quieres profundizar más:

• Corporate sustainability reporting (Comisión Europea)
• Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (Comisión Europea)
• Universal Standards (GRI)
• Sostenibilidad: el tsunami regulatorio que viene (Ethic)
• Ya tenemos la taxonomía financiera … pero vamos con retraso (Dirse)
• ¿Qué es la taxonomía verde europea y por qué es tan importante? Las claves de la propuesta de Bruselas (El País)
• El gas y la energía nuclear entran en la taxonomía: la opinión de las gestoras (FundsPeople)