Qué decisiones tomar frente a los estándares de reporte adoptados por la Unión Europea

El 21 de septiembre, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el Reglamento Delegado (UE) 2026/1563, que modifica el RD 2023/2772. Con él se cierra un proceso de revisión que ha ocupado buena parte de la conversación sobre reporte en los últimos meses, y los ESRS simplificados pasan del debate técnico al texto normativo. Entra en vigor el 10 de noviembre de 2026 y será aplicable a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2027.

El texto modifica y reduce el contenido de los estándares, es decir, qué se reporta y cómo. La cuestión de quién está obligado a hacerlo la resolvió la Directiva Ómnibus I a comienzos de año, al redefinir el ámbito de aplicación de la CSRD.

Un marco más ágil sobre la misma base

Quien haya seguido la revisión técnica encontrará pocas sorpresas. La arquitectura se mantiene, con dos estándares generales y diez temáticos, y lo que evoluciona es la manera de trabajar dentro de ella. El número de datapoints se reduce más de un 60% y el dato cuantitativo gana peso frente a la narrativa. La frontera entre lo obligatorio y lo voluntario también queda mejor trazada.

Uno de los cambios con más efecto práctico es estructural. Las políticas, acciones, métricas y metas se rigen ahora por requisitos generales recogidos una sola vez en ESRS 2. Así se evita repetir la misma lógica en cada estándar temático y el informe gana coherencia de lectura.

La evaluación de doble materialidad, por su parte, pasa de una lógica de exhaustividad a una lógica de relevancia. El texto admite un enfoque top-down, que parte de la estrategia y el modelo de negocio para identificar dónde se concentran los impactos, riesgos y oportunidades, en lugar de recorrer uno a uno todos los temas ESG. Las evidencias también se tratan de otra manera poniendo el foco en la relevancia y la valoración como un conjunto.

Los phase-in se redefinen según el perfil de cada empresa. Las que empiecen a reportar a partir de 2027 podrán omitir, durante sus dos primeros ejercicios, los estándares de biodiversidad (E4), trabajadores de la cadena de valor (S2), comunidades afectadas (S3) y consumidores (S4). Esta flexibilidad tiene un matiz relevante, porque si alguno de estos temas resulta material, la empresa debe declararlo y describir de forma resumida cómo lo gestiona. Para las organizaciones de la primera ola, los plazos se fijan por año y varían en función de su tamaño.

2026, un ejercicio con tres caminos

Para las empresas que ya reportan, la novedad con más recorrido inmediato está en el ejercicio en curso. El Reglamento trata 2026 como un año de transición y, en lugar de imponer un único marco, abre tres posibilidades. Cada empresa deberá elegir la suya a partir de sus propios procesos de reporte.

• La primera opción es mantener los ESRS vigentes adoptando la versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2025/1416, conocido como Quick Fix. 
• La segunda es adelantar la aplicación de los estándares revisados. 
• La tercera combina ambas cosas: seguir con los vigentes e incorporar ocho reliefs concretos del nuevo texto, vinculados a la evaluación de materialidad, la cadena de valor, el perímetro de reporte y la presentación del informe. 

En cualquiera de los casos, el estado de información de sostenibilidad deberá indicar qué versión se ha aplicado.

Cada camino responde a una situación distinta. Mantener los estándares vigentes aporta continuidad a sistemas y procesos que llevan meses en marcha, y facilita la comparación con el informe anterior. Adelantar los revisados permite aligerar la carga y llegar a 2027 con el trabajo encaminado, aunque obliga a adaptar la recogida de datos con el ejercicio ya avanzado. La vía intermedia ofrece parte de la simplificación sin cambiar de marco.

Una decisión que mira a 2027

La elección tiene, por tanto, un alcance que va más allá del informe. En ella influyen el grado de avance del trabajo de este año, la relación con el verificador, la información disponible en la cadena de valor y lo que esperan inversores y financiadores. En el caso de la cadena de valor, juega a favor un límite introducido por la Ómnibus: las empresas obligadas no podrán exigir a sus proveedores más información que la prevista en el estándar voluntario VSME, y el texto revisado admite trabajar con estimaciones.

La simplificación abre una oportunidad para que el reporte gane claridad y utilidad para la gestión. Decidir cómo reportar en este ejercicio de transición es, en buena medida, decidir cómo llegar a 2027.

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